Una mujer tuvo que viajar al extranjero para interrumpir su embarazo por confusión jurídica provocada por un fallo anterior
El máximo tribunal de derechos humanos de Europa dictaminó que Polonia interfirió con la vida privada de una mujer que tuvo un aborto en el extranjero porque no estaba segura de si era legal en su país.
El caso fue presentado por una mujer de Cracovia, en el sur de Polonia, que tenía 15 semanas de embarazo cuando descubrió que su feto tenía un grave trastorno genético. Había planeado interrumpir el embarazo legalmente en su país, pero le dijeron que no podía hacerlo después de que un fallo del Tribunal Constitucional polaco prohibiera el aborto por anomalías fetales; sin embargo, los detalles de la nueva ley no se publicaron oficialmente hasta varios meses después.
Ese retraso creó una confusión generalizada sobre si el fallo había entrado en vigor. La mujer tuvo que viajar a Holanda para obtener un aborto legal.
“Durante ese tiempo no estaba claro si las restricciones ya habían entrado en vigor o si el aborto aún podía realizarse legalmente”. dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su fallo del jueves. El tribunal ordenó que Polonia pagara a la mujer 1.495 euros (1.700 dólares) por daños materiales y 15.000 euros (17.400 dólares) por otros daños.
Los jueces también cuestionaron la composición del Tribunal Constitucional de Polonia, que ha sido ampliamente criticada. La Comisión Europea y los partidos de la oposición han dicho que la composición del tribunal estuvo influenciada por el partido gobernante Ley y Justicia (PiS).
Antes de la decisión de 2020, la ley de aborto de Polonia permitía interrumpir el embarazo en casos de violación, incesto, amenaza a la vida o la salud de la mujer o anomalías fetales graves. El fallo eliminó el último de esos motivos, que había representado la mayoría de los abortos legales en el país. También desencadenó grandes protestas en todo el país, y muchos grupos de derechos de las mujeres la calificaron como una de las decisiones más dañinas en décadas.
El fallo del tribunal con sede en Estrasburgo no anula la ley polaca, pero exige que el país respete los derechos garantizados por la Convención. También podría dar lugar a cambios en la forma en que se implementan dichas resoluciones en el futuro.
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