El pueblo de Pizarra, 20 millas tierra adentro de Málaga, es un lugar donde el tiempo se mueve lentamente. Las casas encaladas se adhieren a la ladera, y las noches de verano son para cenas compartidas y niños que juegan en terrazas.
Pero una noche cálida en julio de 2017, sucedió algo inimaginable. Una niña de tres años desapareció, y España nunca olvidaría su nombre: Lucía Vivar.
Había estado jugando fuera del bar “La Estació” con sus primos mientras los adultos cenaban dentro. Alrededor de las 11.30 p.m., sus padres salieron para verla, pero ella se fue.
Lo que siguió fue una búsqueda nocturna frenética a través de la oscuridad. Lucía, desorientada y sola, había vagado por más de cuatro kilómetros a lo largo de una línea de ferrocarril, a través del campo y en peligro.
Finalmente, agotada, se acostó en las pistas y se durmió. Fue atropellada por un tren.
Su cuerpo fue encontrado por el conductor de un tren de cercanías a la mañana siguiente.
Era la pesadilla de todos los padres, pero lo peor estaba por venir.
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Años más tarde, el Tribunal Nacional de España dictaminó que el operador ferroviario Adif había fallado en su deber de ayudar a prevenir la tragedia. Se le ordenó a la compañía pagar € 176,239 en compensación a los padres de Lucía por su mal manejo de la búsqueda.
El fallo pintó una imagen sombría de posibilidades perdidas e insuficiencia institucional.
Las cámaras de seguridad en la estación habían capturado a Lucía caminando hacia las vías, pero el personal de Adif inicialmente afirmó que las imágenes no mostraron nada. Esa versión cambió más tarde, demasiado tarde.
El juez señaló que revisar solo diez minutos de metraje, de 11.30 p.m. a 11.40 p.m., habría sido suficiente para comprender lo que había sucedido y guiar a los equipos de búsqueda de manera más efectiva.
El Guardia Civil montó una gran operación de búsqueda que involucró a más de 600 personas. Pero sin información precisa, y sin suspensión de los servicios de trenes, las probabilidades de encontrar a Lucía en el tiempo eran trágicamente bajas.
El tribunal criticó la decisión de Adif de mantener el tráfico ferroviario en movimiento por el área, un paso que describió como “drástico pero justificado” en tales circunstancias. La edad y la vulnerabilidad del niño, dijo, debería haber llevado a una acción inmediata.
ADIF tampoco logró aplicar protocolos de seguridad básicos o actuar sobre evidencia que estaba justo en frente de ellos.
En última instancia, el tribunal encontró una clara “relación causal” entre las fallas del cuerpo público y la muerte de la niña.
Sin embargo, el juez rechazó un reclamo adicional de € 50,000 por daños no materiales, dejando que la familia afligida pague sus propios costos legales.
El caso planteó en silencio algunas preguntas profundas: las que se hacen eco de las fronteras. En el Reino Unido, la muerte de James Bulger y Madeleine McCann desencadenaron oleadas de juicio público, especialmente dirigidas a los padres. En el caso de Lucía, no se hicieron tales acusaciones.
Este no fue un juicio penal. Nadie fue acusado de irregularidades deliberadas. Pero fue un recordatorio de cómo las instituciones pueden fallar en los momentos en los que más importa.
En la ley española, la responsabilidad civil y penal a menudo se consideran juntos. Un organismo o empresa pública puede reducir su “culpa” legal al pagar una compensación, a diferencia del Reino Unido, donde las reclamaciones se manejan por separado.
El juez reconoció que detener todos los trenes podría haber parecido extremo. Pero cuando un niño pequeño desaparece cerca de una línea ferroviaria en la oscuridad, la extremidad es a veces lo que se necesita.
La vida de Lucía Vivar fue corta. Su muerte fue prevenible. El dinero pagado a su familia no la traerá de vuelta, nunca podría.
Pero en un pequeño pueblo andaluciano, el recuerdo de esa noche persiste. Y todavía nos deja preguntar: ¿qué vale la vida de un niño?
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